(PD/EFE).- España está aún muy lejos de la mayoría de países de su entorno en lo que a fomento del alquiler se refiere, con un mercado que supone el 7,5 por ciento del total, frente a la media del 30 por ciento de la UE, y con un porcentaje de vivienda protegida arrendada del 1 por ciento frente al 18 por ciento europeo.
Esta situación es la que pretende corregir el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, que esta semana anunció las dos primeras medidas de un plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, que pretende no sólo ayudar a los demandantes sino también estimular la oferta, para dinamizar un mercado que tradicionalmente no ha tenido ni apoyo estatal ni financiero.
Según el Ministerio de Vivienda, a finales de 2006 el parque de viviendas en España ascendía a 23,9 millones, de los que sólo 1,8 millones (7,5 por ciento) eran inmuebles arrendados y menos de 240.000 (1 por ciento) viviendas protegidas en alquiler, unas cifras que distan mucho de la media europea de acuerdo con los datos del Observatorio Europeo de la Vivienda Social (CECODHAS).
La situación en Alemania, con un parque de alquiler del 57 por ciento del total, es consecuencia de la masiva construcción de vivienda protegida llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, si bien en la actualidad la vivienda pública en alquiler supone el 6 por ciento, mientras que el otro 51 por ciento está en manos del sector privado.
En total hay 2,27 millones de hogares germanos que perciben ayudas directas al alquiler, aunque la cantidad depende del número de personas que viven en la casa, de los ingresos familiares y del importe del arriendo. También reciben ayuda estatal los jóvenes que se trasladen de ciudad para estudiar.
A mediados de los años 90, el gobierno alemán fomentó la adquisición de casa propia, con ayudas que alcanzaban el uno por ciento del importe de la compra, pero que desde el 1 de enero de 2006 ya no se conceden.
En Holanda tiene mayor peso la vivienda en propiedad (53 por ciento), si bien es el país europeo con el mayor porcentaje de vivienda protegida en alquiler (35 por ciento), que es promovida por el gobierno central.
También en el Reino Unido la vivienda pública de alquiler ha tenido tradicionalmente un peso importante (en la actualidad, el 20 por ciento del total), situación que cambió cuando Margaret Thatcher llegó al poder en 1979 e introdujo el derecho de compra para aquellos inquilinos de viviendas sociales. Hoy día la vivienda en propiedad llega al 70 por ciento.
Ese mismo porcentaje de vivienda en propiedad es el que pretende alcanzar el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, donde el 38 por ciento de las viviendas son alquiladas (21 por ciento público y 17 por ciento privado), y para lograrlo se permitirá a los inquilinos comprar las viviendas de protección oficial que ya disfrutan en alquiler.
En el país vecino la política fiscal en materia de vivienda está equilibrada entre compra y arrendamiento, y en lo que se refiere a alquiler social, la ley francesa obliga a los municipios a destinar un 20 por ciento del parque total a este propósito, si bien muchos ayuntamientos no cumplen la norma porque las sanciones no son disuasorias.
Pero el paso más audaz en materia de vivienda lo ha dado Francia con la aprobación de una ley que prevé la posibilidad de denunciar al Estado ante los tribunales cuando la demanda de una vivienda protegida en alquiler no se satisfaga en un determinado plazo.
Italia es el país con la situación más parecida a la española, con el 81 por ciento de la vivienda en propiedad y el 19 por ciento en alquiler, la mayoría en manos del sector privado.
Al igual que en España, el Gobierno italiano está promoviendo un plan nacional (aún no aprobado) para facilitar el alquiler a las familias con rentas más bajas, que incluirá la supresión del impuesto sobre bienes inmuebles y mayores facilidades para los jóvenes.
